Concentración, 2 de Junio a las 12, Plaza de Neptuno

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En los últimos años las políticas de ajuste y austeridad de los sucesivos gobiernos se han cebado de una manera especialmente sangrante en los servicios sociales. Precisamente, cuando la dureza de la crisis económica iniciada en el año 2007 ha incrementado muy considerablemente el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, de personas expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres, de menores en situación de desamparo y, en general, ha agravado la situación de las personas más vulnerables, es cuando los recursos destinados a los servicios sociales de las administraciones públicas han optado por todo lo contrario.

Las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y administración central se han recortado de forma sistemática. Las primeras víctimas de estos recortes han sido las personas que necesitan de estos servicios para mantener unas condiciones de vida mínimamente dignas. Los cierres de centros y servicios, la reducción de plazas de alojamiento y residenciales, las listas de espera eternas, el aumento en las ratios de usuarios/as por profesional o la reducción de conciertos, han deteriorado las condiciones de vida de miles de personas usuarias hasta extremos inaceptables en una sociedad civilizada, sin que las autoridades responsables muevan un dedo para adoptar las urgentísimas medidas que esta situación de emergencia social requeriría.

Ante la dejadez de las administraciones públicas son las familias las que se han visto obligadas a atender situaciones de vulnerabilidad y dependencia con un apoyo público cada vez menor. De una forma muy especial, miles de mujeres han tenido que afrontar enormes sacrificios y renuncias, tanto personales como profesionales, para ofrecer a personas dependientes los cuidados imprescindibles para mantener una mínima calidad de vida, unos cuidados que deberían ser atendidos por unos servicios sociales públicos y de calidad.

También son mayoritariamente mujeres quienes se hacen cargo profesionalmente de los servicios sociales y quienes padecen la precariedad laboral de este sector en primera persona (salarios de miseria, elevada parcialidad y temporalidad en la contratación, extrema precariedad laboral, etc.) pese a las importantes responsabilidades que asumen en su quehacer diario. Junto con la población usuaria, las trabajadoras y los trabajadores del sector han sufrido en carne propia esta política de recortes salvajes. Durante los años más duros de la crisis, entre 2010 y 2013, se perdieron 56.700 empleos en servicios sociales, y quienes consiguieron conservar su puesto de trabajo sufrieron un sistemático deterioro de sus condiciones de trabajo.

El deterioro general de los servicios sociales públicos ha ido acompañado de un proceso cada vez más salvaje de privatización de los mismos, convirtiendo las necesidades básicas, de cientos de miles de familias, en un jugoso negocio del que sacar tajada. Aunque parezca aberrante, la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad, necesarias para garantizar la salvaguarda de sus derechos, empezando por el derecho a una vida digna, se han venido prestando mayoritariamente por entidades privadas (el 80% de profesionales empleadas/os en este sector lo hacen para entidades privadas) y en los últimos tiempos se han convertido en una generosa fuente de beneficios para fondos de inversión y empresas de capital riesgo. ¿Qué mejor negocio puede haber que un servicio en el que las usuarias/os apenas reclaman o se defienden por sí mismas por sus situaciones de riesgo, vulnerabilidad o dependencia y donde el personal que vela por su bienestar está sometido al brutal chantaje de la pérdida de su empleo si se atreve a denunciar situaciones inaceptables de desatención?

Ante esta situación, trabajadoras y trabajadores de las diversas áreas de los servicios sociales, junto con la comunidad usuaria y sus familiares, hacemos un llamamiento a la movilización para defender:

- Unos servicios sociales de calidad, gestionados directamente por las administraciones públicas, con dotaciones presupuestarias y de plantilla suficientes para cumplir sus objetivos de atención a las personas con necesidades.

- Una contratación pública exigente y socialmente responsable, hasta que se revierta la externalización de los servicios sociales, contando con la participación democrática de las y los trabajadores, usuarias/os y sus familias para garantizar su cumplimiento y control. La oferta más barata no puede determinar quién gestiona un servicio así: deben primar los requisitos técnicos y de calidad del servicio garantizando también condiciones laborales dignas, de igualdad de género y de estabilidad en el empleo.

- La reversión inmediata de todos los recortes y de todas las privatizaciones que están destruyendo los mecanismos para defender los derechos sociales y de la ciudadanía a una vida digna.

- La participación democrática de la ciudadanía, de la comunidad usuaria y de las profesionales del sector, en la evaluación y el seguimiento de los servicios sociales.

- Empleo digno, estable y de calidad, que asegure que la comunidad usuaria será atendida por profesionales capaces de proporcionar la atención de calidad que merecen.

¡Dignidad y justicia social!